Por Guadalupe Parada Gasson<\/strong><\/p>\n\n\n\n Radiograf\u00eda del contraste econ\u00f3mico Financiamiento p\u00fablico local de partidos en Chihuahua Millones para conquistar votos, migajas para pavimentar las calles de Ju\u00e1rez Mientras partidos, candidatos y aspirantes destinan millones de pesos a posicionar sus nombres y conquistar espacios de poder, Ciudad Ju\u00e1rez enfrenta una contradicci\u00f3n estructural: una econom\u00eda electoral capaz de movilizar enormes recursos durante unas cuantas semanas y una ciudad que requiere inversiones sostenidas para superar sus rezagos sociales, urbanos y econ\u00f3micos Por Guadalupe Parada Gasson […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":477,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
En Ciudad Ju\u00e1rez, la pol\u00edtica parece disponer de recursos para multiplicar rostros, pero la sociedad contin\u00faa enfrentando dificultades para transformar su entorno.
La contradicci\u00f3n tiene una dimensi\u00f3n econ\u00f3mica verificable. Durante el proceso electoral de 2024, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua autoriz\u00f3 un tope de gasto de 33 millones 867 mil pesos para cada candidatura a la presidencia municipal, equivalente a 967 mil pesos diarios durante los 35 d\u00edas de campa\u00f1a.
La cifra represent\u00f3 un incremento de 32.6 por ciento respecto de 2021, cuando el l\u00edmite fue de 25.5 millones.
Son montos m\u00e1ximos autorizados, no necesariamente ejercidos, pero dimensionan la capacidad financiera permitida para disputar el poder.
La pregunta de fondo trasciende la propaganda: \u00bfqu\u00e9 beneficio p\u00fablico produce una inversi\u00f3n de esa magnitud y c\u00f3mo se compara con las necesidades materiales de la ciudad?
El impacto econ\u00f3mico revela el verdadero costo de oportunidad.
En 2024, los nueve partidos pol\u00edticos con registro local en Chihuahua tuvieron asignados 292.3 millones de pesos de financiamiento p\u00fablico estatal, de los cuales 77.4 millones correspondieron espec\u00edficamente a gastos de campa\u00f1a.
A escala nacional, el INE revis\u00f3 gastos reportados por 7 mil 401 millones de pesos durante los procesos electorales federales y locales de ese mismo a\u00f1o.
Naturalmente, estos recursos no constituyen una sola bolsa que pudiera entregarse al Ayuntamiento de Ju\u00e1rez, corresponden a distintos \u00e1mbitos, partidas y obligaciones legales.
Sin embargo, evidencian la dimensi\u00f3n de una econom\u00eda pol\u00edtica que genera contrataci\u00f3n de publicidad, impresi\u00f3n, transporte, personal eventual, producci\u00f3n audiovisual y servicios profesionales.
Parte de ese gasto beneficia temporalmente a negocios y trabajadores, pero buena parte de su utilidad est\u00e1 vinculada a la duraci\u00f3n de la campa\u00f1a.
A diferencia de una obra de infraestructura, cuya vida \u00fatil puede extenderse durante d\u00e9cadas, la propaganda electoral tiene un horizonte temporal reducido.
Es precisamente esa diferencia entre beneficio inmediato y valor p\u00fablico duradero la que deber\u00eda incorporarse al an\u00e1lisis de eficiencia del financiamiento pol\u00edtico.
La comparaci\u00f3n con el rezago urbano de Ju\u00e1rez resulta particularmente ilustrativa. Seg\u00fan informaci\u00f3n oficial del Ayuntamiento, hasta octubre de 2024 el Sistema de Urbanizaci\u00f3n Municipal Adicional hab\u00eda pavimentado 57 mil 770 metros cuadrados, mediante una inversi\u00f3n de 46.39 millones de pesos, con beneficio directo para 733 familias.
De ese monto, casi 12 millones fueron aportados por los propios vecinos.
Tomando exclusivamente ese costo hist\u00f3rico como referencia, el l\u00edmite de gasto de una candidatura a la alcald\u00eda equivaldr\u00eda aproximadamente a pavimentar 42 mil metros cuadrados, mientras los 77.4 millones destinados al financiamiento estatal de campa\u00f1as representar\u00edan alrededor de 96 mil metros cuadrados.
No son presupuestos intercambiables ni estimaciones actualizadas de construcci\u00f3n, pero la equivalencia permite dimensionar la discusi\u00f3n; en una ciudad donde algunas familias deben contribuir con el 25 o hasta el 40 por ciento del costo de mejorar sus calles, las reglas electorales contemplan presupuestos de promoci\u00f3n pol\u00edtica que superan la inversi\u00f3n de numerosos proyectos comunitarios.
La cuesti\u00f3n no es eliminar las campa\u00f1as, sino discutir si su costo guarda una proporci\u00f3n razonable con sus beneficios democr\u00e1ticos.
El impacto pol\u00edtico es igualmente profundo, aunque menos visible en las cuentas p\u00fablicas.
Cuando la competencia electoral exige grandes cantidades de recursos, se fortalece la importancia de las estructuras partidistas, las fuentes de financiamiento, los operadores y la capacidad de contrataci\u00f3n publicitaria.
Esto no demuestra por s\u00ed mismo que las elecciones est\u00e9n condicionadas por intereses econ\u00f3micos, pero s\u00ed plantea riesgos que justifican una fiscalizaci\u00f3n rigurosa: dependencia de patrocinadores, desigualdad en las posibilidades de exposici\u00f3n, aportaciones no reportadas y predominio de la imagen sobre el debate program\u00e1tico.
La competencia tambi\u00e9n se extiende a periodos previos a las campa\u00f1as mediante la presencia p\u00fablica de aspirantes y dirigentes, aunque cada actividad debe analizarse jur\u00eddicamente antes de clasificarla como propaganda anticipada.
El problema institucional aparece cuando la discusi\u00f3n sobre qui\u00e9n puede gobernar se desplaza hacia qui\u00e9n tiene m\u00e1s recursos para posicionarse. Entonces, el ciudadano recibe abundante publicidad, pero puede disponer de poca informaci\u00f3n comparable sobre presupuestos, prioridades, compromisos y resultados.
El costo social de este modelo merece una reflexi\u00f3n todav\u00eda m\u00e1s severa: la distancia entre la visibilidad pol\u00edtica y la atenci\u00f3n de las necesidades colectivas.
Los informes As\u00ed Estamos Ju\u00e1rez, elaborados por Plan Estrat\u00e9gico de Ju\u00e1rez, documentan y dan seguimiento a indicadores de pobreza, movilidad, educaci\u00f3n, salud, seguridad, servicios p\u00fablicos y calidad de vida.
Su edici\u00f3n m\u00e1s reciente fue publicada en septiembre de 2026.
En las colonias donde el pavimento sigue siendo una demanda, donde trasladarse a una escuela o centro de salud supone tiempo y dinero, las deficiencias de infraestructura se traducen en costos cotidianos para las familias. Una calle deteriorada implica desgaste vehicular; una ruta de transporte insuficiente reduce oportunidades laborales; la falta de equipamiento p\u00fablico limita espacios de convivencia, educaci\u00f3n y desarrollo comunitario.
No puede sostenerse que el gasto electoral sea la causa directa de todos estos rezagos, pero s\u00ed puede examinarse qu\u00e9 prioridades expresa un sistema capaz de financiar una intensa competencia publicitaria mientras los gobiernos enfrentan necesidades acumuladas de inversi\u00f3n social.
Hay otra consecuencia econ\u00f3mica que suele quedar fuera del debate: el costo de la promesa pol\u00edtica incumplida. Una campa\u00f1a no termina financieramente el d\u00eda de la elecci\u00f3n.
Sus compromisos pueden convertirse en programas, proyectos y obligaciones presupuestarias de largo plazo. Cuando las propuestas carecen de estudios t\u00e9cnicos, fuentes de financiamiento o calendarios verificables, el problema deja de ser exclusivamente publicitario y se transforma en un riesgo para la planeaci\u00f3n del gasto p\u00fablico.
Por eso, evaluar el costo de las campa\u00f1as exige revisar tambi\u00e9n la calidad de sus plataformas: qu\u00e9 obras prometen, cu\u00e1nto costar\u00edan, de d\u00f3nde saldr\u00edan los recursos, qu\u00e9 indicadores permitir\u00edan evaluar resultados y cu\u00e1les son los l\u00edmites reales de las atribuciones del cargo.
Sin esa informaci\u00f3n, la abundancia de propaganda puede coexistir con una profunda pobreza de propuestas medibles.
La rendici\u00f3n de cuentas debe comenzar antes de llegar al gobierno, no solamente despu\u00e9s.
La conclusi\u00f3n abre una discusi\u00f3n inc\u00f3moda para todo el sistema partidista, sin distinci\u00f3n de colores.
Reducir mec\u00e1nicamente el financiamiento electoral tampoco garantiza mejores servicios p\u00fablicos: las elecciones requieren recursos para asegurar pluralidad, representaci\u00f3n y condiciones de competencia, y un recorte mal dise\u00f1ado podr\u00eda incrementar la influencia del dinero privado.
Sin embargo, mantener las reglas sin revisar su eficiencia tambi\u00e9n implica costos.
Ciudad Ju\u00e1rez necesita una discusi\u00f3n p\u00fablica sobre los topes de campa\u00f1a, la fiscalizaci\u00f3n de aspirantes, la contrataci\u00f3n de propaganda, los mecanismos de informaci\u00f3n ciudadana y la posibilidad de reducir gastos de escaso valor democr\u00e1tico.
El INE dispone de un portal para consultar los ingresos y egresos reportados por candidaturas y partidos, una herramienta indispensable para distinguir los montos autorizados de los realmente ejercidos.
De cara a los pr\u00f3ximos procesos electorales, el debate deber\u00eda desplazarse de cu\u00e1nto dinero necesita un pol\u00edtico para hacerse visible hacia cu\u00e1nto conocimiento, propuestas verificables y responsabilidad presupuestaria necesita una sociedad para decidir.
Porque una democracia no puede evaluarse \u00fanicamente por la intensidad de sus campa\u00f1as, sino tambi\u00e9n por su capacidad de convertir la competencia por el poder en mejores condiciones de vida.<\/p>\n\n\n\n
Tope por candidatura a la alcald\u00eda de Ju\u00e1rez, 2024
$33.87 M
M\u00e1ximo permitido, no gasto real comprobado.<\/p>\n\n\n\n
2024
$292.32 M
Incluye actividades ordinarias, espec\u00edficas y campa\u00f1as<\/p>\n\n\n\n
La comparaci\u00f3n es tan reveladora como inc\u00f3moda para la clase pol\u00edtica: en Ciudad Ju\u00e1rez, el dinero que puede gastar una sola candidatura para conquistar la presidencia municipal equivale a pavimentar aproximadamente 42 mil metros cuadrados de calles, casi tres cuartas partes de toda la superficie que el programa municipal SUMA logr\u00f3 pavimentar durante 2024. Mientras el Instituto Estatal Electoral autoriz\u00f3 un tope de 33.8 millones de pesos por candidatura, el municipio invirti\u00f3 46.3 millones para pavimentar 57 mil 770 metros cuadrados, beneficiando directamente a 733 familias, muchas de las cuales tuvieron que aportar dinero de sus propios bolsillos para mejorar sus calles.
La dimensi\u00f3n del contraste es todav\u00eda mayor: los 77.4 millones de pesos asignados a los partidos exclusivamente para campa\u00f1as en Chihuahua equivaldr\u00edan, utilizando los costos documentados por SUMA, a pavimentar m\u00e1s de 96 mil metros cuadrados, mientras que los 292.3 millones de financiamiento p\u00fablico estatal total a los partidos representar\u00edan aproximadamente 364 mil metros cuadrados, m\u00e1s de seis veces lo realizado por ese programa municipal.
No son recursos legalmente intercambiables ni cifras de gasto electoral efectivamente ejercido, sino equivalencias que exhiben el costo de oportunidad de las prioridades presupuestarias.
El problema no es solamente cu\u00e1nto cuesta conquistar el poder, sino cu\u00e1nto beneficio p\u00fablico recibe una sociedad que financia su democracia mientras contin\u00faa pagando de su bolsillo las carencias de su ciudad.
En las colonias, el pavimento puede tardar d\u00e9cadas en llegar; en las campa\u00f1as, la propaganda aparece en cuesti\u00f3n de d\u00edas.
Y esa diferencia plantea una pregunta que ning\u00fan partido deber\u00eda eludir; \u00bfpuede justificarse la dimensi\u00f3n del gasto destinado a promover aspiraciones personales cuando todav\u00eda existen comunidades que deben organizarse y aportar recursos para conseguir una calle digna?
Esa discusi\u00f3n permitir\u00eda pasar de la indignaci\u00f3n por las cifras a una agenda concreta de reformas, fiscalizaci\u00f3n y responsabilidad p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"