Por Guadalupe Parada Gasson
Ciudad Juárez está a menos de un mes de enfrentar una decisión económica que debería tener movilizada a toda su representación política en el Congreso de la Unión, el próximo 30 de septiembre vence el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, instrumento que permite condiciones arancelarias especiales para mercancías que se comercializan en esta región.
No es una fecha administrativa más; detrás de ese decreto están costos de importación, precios al consumidor, competitividad comercial y la capacidad de las empresas juarenses para competir con un mercado estadounidense que comienza apenas cruzando el río, aquí conviene separar los temas para no confundirlos:
El segundo reloj corre hacia el 31 de diciembre de 2026, cuando concluye la vigencia actual del Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte.
Ese instrumento mantiene, para quienes cumplen los requisitos establecidos, el estímulo que reduce el IVA efectivo de 16 a 8 por ciento y permite aplicar una tasa de ISR de 20 por ciento sobre los ingresos correspondientes a actividades realizadas dentro de la región fronteriza.
La propia administración federal prorrogó esos beneficios a finales de 2025 argumentando que debía preservarse la competitividad y mejorar las condiciones económicas de las fronteras.
El problema no consiste solamente en que ambos instrumentos tengan fecha de caducidad, el problema es que Ciudad Juárez sigue dependiendo de decisiones temporales para sostener ventajas que responden a una condición económica permanente. la ciudad no compite fiscalmente contra Chihuahua capital, Torreón o Durango; compite todos los días contra El Paso, Texas.
Un consumidor puede cambiar de mercado en cuestión de minutos, una empresa puede comparar costos, impuestos, logística, energía, seguridad jurídica y disponibilidad de infraestructura a ambos lados de la frontera antes de decidir dónde colocar una inversión.
Por eso resulta particularmente delicado que el primer vencimiento llegue cuando la industria exportadora atraviesa un periodo de debilidad, los indicadores nacionales de IMMEX ya encendieron luces amarillas; en febrero de 2026 el personal ocupado en establecimientos manufactureros IMMEX cayó 3.1 por ciento anual, mientras las horas trabajadas retrocedieron 3.3 por ciento.
Chihuahua continúa siendo una potencia exportadora; concentraba 12.1 por ciento del empleo IMMEX nacional en ese periodo, pero precisamente por ese peso cualquier deterioro de las condiciones de competitividad tiene una dimensión mayor para Juárez.
Hay otro indicador que debería quitarle cualquier tentación triunfalista a la clase política; entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la pobreza laboral en Chihuahua aumentó de 19.8 a 20.3 por ciento, de acuerdo con INEGI.
Es decir, mientras se discute la continuidad de herramientas diseñadas para fortalecer la economía fronteriza, una quinta parte de la población estatal permanece en una condición en la que el ingreso laboral del hogar resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.
EL COSTO DE PERDER LA VENTAJA
¿Qué ocurriría si desapareciera el régimen preferencial del IVA? Matemáticamente, un producto con precio antes de impuesto de mil pesos pasaría de 1,080 pesos con IVA de 8 por ciento a 1,160 pesos con IVA de 16 por ciento: 80 pesos adicionales, equivalentes a un incremento de aproximadamente 7.4 por ciento sobre el precio final anterior, suponiendo que el impuesto se trasladara íntegramente al consumidor.
No significa que todos los precios subirían automáticamente en esa proporción, pero ilustra perfectamente la magnitud potencial del diferencial. En una ciudad ubicada frente a uno de los mercados comerciales más grandes de Estados Unidos, ese diferencial no desaparece; modifica decisiones de consumo. Parte del gasto puede cruzar hacia El Paso, otra parte puede reducirse y otra trasladarse hacia informalidad o canales distintos.
Por eso Coparmex Juárez advierte que la eventual desaparición de estos instrumentos tendría efectos sobre precios, consumo, abasto, inversión y empleo, y ya impulsa una estrategia para conseguir su renovación, el decreto arancelario que vence este septiembre tiene una lógica igualmente importante, existen mercancías contempladas con desgravación total y otras con tasa de 5 por ciento, precisamente porque históricamente se reconoció que las empresas fronterizas necesitan condiciones distintas para abastecerse y competir.
El decreto no nació como una concesión ornamental a la frontera; nació del reconocimiento de una desventaja geográfica y comercial concreta, Aquí aparece entonces la pregunta incómoda: ¿por qué una economía estratégica para México debe llegar periódicamente al borde del vencimiento para saber bajo qué reglas competirá? Una empresa decide inversiones con horizontes de cinco, diez o veinte años, contrata personal, compra maquinaria, renta o construye naves, negocia financiamiento y desarrolla proveedores
Resulta difícil hablar seriamente de nearshoring, relocalización de cadenas productivas y atracción de capital internacional mientras una de las principales regiones manufactureras del país debe revisar periódicamente el Diario Oficial para saber si conservará las condiciones fiscales y arancelarias sobre las que construyó parte de su competitividad.
¿Y LOS LEGISLADORES DE CHIHUAHUA?
Aquí la discusión deja de ser exclusivamente económica y se convierte inevitablemente en política, Coparmex Juárez ya está realizando interlocución para defender la renovación, pero los empresarios no fueron electos para representar constitucionalmente a Chihuahua ante la Federación, los diputados federales y senadores sí.
Por eso septiembre debería convertirse en una rendición de cuentas pública para cada legislador federal por Chihuahua, independientemente de su partido.No basta declarar que “se apoya a Juárez”, La pregunta debe ser mucho más concreta; ¿con qué funcionarios de Economía y Hacienda se han reunido?, ¿qué documentos entregaron?, ¿qué iniciativa, exhorto o posicionamiento formal promovieron?, ¿qué respuesta obtuvieron?, ¿qué acuerdos construyeron con legisladores de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas?, ¿y cuál es su propuesta para que estos beneficios dejen de depender de prórrogas periódicas?
Porque publicar fotografías, comunicados y discursos sobre la importancia de la frontera es políticamente barato. Construir una negociación con la Federación para garantizar certidumbre económica es otra cosa, Existe además una contradicción que merece atención, el propio decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2025 recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 contiene el compromiso 74; mantener los incentivos económicos en las franjas fronterizas. Si esa es la política declarada del Gobierno Federal, entonces tendría poco sentido mantener a ciudades como Juárez bajo incertidumbre recurrente.
La discusión, por tanto, debería evolucionar. Juárez no tendría que limitarse a pedir otra prórroga, debería exigir una política fronteriza de largo plazo, México necesita decidir si considera a Ciudad Juárez solamente una fuente de exportaciones y recaudación o si verdaderamente la entiende como una plataforma estratégica frente a la economía estadounidense.
Si la respuesta es lo segundo, entonces debe existir certidumbre tributaria, arancelaria, energética, aduanera y de infraestructura acorde con esa función, el 30 de septiembre llegará primero, después vendrá el 31 de diciembre, dos fechas, dos decretos. Pero una sola discusión de fondo; la competitividad económica de Ciudad Juárez no puede seguir administrándose como una concesión temporal.
Y durante septiembre la pregunta para diputados y senadores por Chihuahua tendría que repetirse hasta obtener respuestas verificables.¿Qué hicieron; no qué dijeron; para defender el régimen fronterizo de Ciudad Juárez?
