Entre expedientes judiciales, crisis institucionales y una economía que no se puede dar el lujo de detenerse
El Guano, Ariadna y las preguntas que nadie quiere responder — Jáuregui y el expediente que puede alcanzar a todo un gobierno — Juárez se inunda y las promesas vuelven a salir a flote — Transportistas, inseguridad y el costo de mover a México — El INE pierde a Taddei y gana una crisis de confianza — Puerto Palomas demuestra que la economía necesita acuerdos, no ocurrencias — Brasil, Lula y la lección que México debería aprender.
El Guano, Ariadna y las preguntas que nadie quiere responder. En Chihuahua hemos aprendido que las acusaciones políticas suelen aparecer en el momento más conveniente para quien las formula, pero también sabemos que existen señalamientos cuya gravedad obliga a mirar más allá de la coyuntura electoral, particularmente cuando se habla de posibles vínculos entre dirigentes políticos y personajes asociados con el crimen organizado.
La columna de Héctor de Mauleón sobre una presunta reunión entre Ariadna Montiel y Aureliano Guzmán Loera, El Guano, abrió precisamente esa discusión, porque atribuye a fuentes de seguridad información sobre un supuesto encuentro en Guadalupe y Calvo durante 2024, con implicaciones que podrían alcanzar la operación electoral de Morena en una región donde la presencia criminal constituye desde hace años un desafío para las autoridades.
Maru Campos ya había lanzado acusaciones públicas relacionadas con el tema y Montiel las ha rechazado, de manera que ahora existe una obligación elemental de distinguir entre una denuncia política, una investigación periodística y un hecho demostrado, porque una cosa es publicar señalamientos de interés público y otra muy diferente pretender que la sospecha sustituya a la prueba.
El asunto tampoco puede despacharse con la acostumbrada cantaleta de que todo es una campaña de desprestigio, porque si existe un informe federal con información relevante, corresponde a las autoridades determinar su autenticidad, su alcance y las actuaciones procedentes, sin utilizar la reserva de información como escondite ni convertir una acusación todavía no probada en sentencia mediática.
Y mientras Morena y el PAN se reparten calificativos, los habitantes de la Sierra Tarahumara siguen esperando algo bastante menos espectacular que una conferencia de prensa, esperan autoridades capaces de garantizar seguridad, justicia y libertad política, porque de poco sirve presumir democracia cuando la población vive bajo la amenaza de quienes imponen sus propias reglas.
Jáuregui y el expediente que puede alcanzar a todo un gobierno. La situación judicial de César Jáuregui dejó de ser exclusivamente un problema personal del exfiscal y se convirtió ya en una crisis de consecuencias imprevisibles para el gobierno de Maru Campos, especialmente después de conocerse nuevas investigaciones relacionadas con presuntos negocios en casinos y de mantenerse abierto el proceso federal por supuesta traición a la patria.
La Fiscalía estatal confirmó la existencia de una investigación por posibles actos de corrupción vinculados con establecimientos de juego, mientras la defensa del exfuncionario rechazó los señalamientos y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento, una confrontación que exige resultados verificables y no solamente declaraciones diseñadas para ganar la batalla de la opinión pública.
Pero hay una pregunta que resulta particularmente incómoda para el poder estatal, porque si durante años Jáuregui fue uno de los funcionarios de mayor confianza de la administración, alguien tendrá que explicar qué mecanismos de supervisión existían, quién evaluaba su desempeño y cómo se garantizaron la legalidad y la independencia de las investigaciones realizadas bajo su responsabilidad.
Eso no significa que todos los expedientes integrados durante su gestión sean irregulares, pero sí vuelve razonable examinar aquellos en los que existan indicios concretos de manipulación, abuso de autoridad o conflictos de interés, porque la justicia no puede funcionar con la lógica de que los errores de un funcionario desaparecen mágicamente cuando abandona el escritorio.
En política existe una costumbre bastante arraigada de presumir cercanía con los colaboradores mientras todo marcha bien y descubrir repentinamente sus defectos cuando aparece una investigación penal, una especie de memoria selectiva que permite repartir abrazos en las fotografías y responsabilidades en los juzgados.
Juárez se inunda y las promesas vuelven a salir a flote. Las recientes lluvias dejaron nuevamente al descubierto una realidad que los juarenses conocen demasiado bien, porque basta una precipitación intensa para que distintas vialidades se conviertan en canales improvisados, las viviendas sufran daños y las autoridades descubran que la infraestructura pluvial continúa siendo una asignatura pendiente.
No estamos frente a un problema nuevo ni imprevisible, sino ante las consecuencias acumuladas de décadas de crecimiento urbano desordenado, mantenimiento insuficiente, inversiones fragmentadas y una preocupante facilidad para inaugurar obras visibles mientras las necesidades subterráneas permanecen enterradas junto con las promesas de campaña.
La afectación a instalaciones hospitalarias y los problemas registrados en pozos de agua muestran que las lluvias no solamente complican la circulación, también pueden comprometer servicios esenciales, lo cual exige una revisión seria de las capacidades de respuesta y de la coordinación entre Municipio, Estado y organismos operadores.
Desde luego que los fenómenos meteorológicos tienen componentes naturales, pero convertir la lluvia en la única responsable de los daños sería tanto como culpar al termómetro de la fiebre, porque el verdadero problema consiste en determinar qué se hizo para reducir los riesgos antes de que aparecieran las primeras nubes.
Ciudad Juárez merece un programa multianual de infraestructura pluvial, con prioridades técnicas, financiamiento identificado y mecanismos públicos de evaluación, porque las fotografías de funcionarios recorriendo calles inundadas podrán servir para las redes sociales, pero difícilmente evitarán que el agua vuelva a meterse a las casas.
Transportistas, inseguridad y el costo de mover a México. Las movilizaciones de transportistas colocaron nuevamente sobre la mesa uno de los problemas más costosos para la economía mexicana, la incapacidad de garantizar condiciones suficientes de seguridad y eficiencia en las carreteras por las que circula buena parte de la producción nacional.
En Chihuahua el asunto adquiere dimensiones estratégicas, porque la actividad manufacturera de Ciudad Juárez depende de una red logística que conecta plantas industriales, centros de distribución, proveedores y cruces internacionales, de manera que cualquier interrupción prolongada puede traducirse en retrasos, penalizaciones contractuales y pérdida de competitividad.
La protesta del lunes mostró también diferencias dentro del propio sector, con organizaciones movilizadas y otras dispuestas a negociar, mientras el Gobierno federal vinculó parte del conflicto con disposiciones fiscales, un escenario que confirma la necesidad de separar las demandas legítimas de seguridad de las controversias tributarias y resolver cada una con información y compromisos concretos.
Resulta contradictorio promover a México como destino privilegiado de inversiones industriales y al mismo tiempo permitir que los costos logísticos se eleven por robos, extorsiones, deterioro carretero o incertidumbre regulatoria, porque ningún inversionista serio toma decisiones solamente por los discursos optimistas que se pronuncian desde Palacio Nacional.
Los transportistas no necesitan que les expliquen las bondades de la transformación económica, necesitan carreteras transitables, reglas claras y garantías razonables para trabajar, porque cuando el Gobierno presume que la economía marcha sobre ruedas, convendría verificar primero que esas ruedas no estén detenidas en una carretera bloqueada.
El INE pierde a Taddei y gana una crisis de confianza. La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral constituye un acontecimiento de enorme trascendencia institucional, no solamente por las investigaciones y señalamientos relacionados con contrataciones y posibles conflictos de interés, sino por el momento político en que ocurre.
La renuncia fue presentada formalmente ante la Cámara de Diputados ayer lunes 26 de octubre, mientras continúan las exigencias de esclarecer las presuntas irregularidades y garantizar que la designación de la nueva presidencia no responda a cuotas partidistas, una exigencia particularmente importante ante la cercanía de los comicios de 2027.
Para Chihuahua el asunto tiene consecuencias directas, porque la elección de gobernador y las demás contiendas del próximo año se desarrollarán en un ambiente de polarización creciente, con partidos que ya preparan sus argumentos para denunciar irregularidades incluso antes de conocer los resultados.
Lo verdaderamente preocupante sería que la salida de Taddei terminara convertida en una oportunidad para colocar al frente del organismo a una figura cuya principal virtud fuera la obediencia política, porque entonces la crisis dejaría de ser administrativa y se transformaría en un problema de legitimidad democrática.
La autonomía electoral no consiste en repetir que el árbitro es independiente mientras los partidos se disputan el silbato, sino en garantizar procedimientos transparentes, decisiones imparciales y funcionarios capaces de resistir presiones, aunque semejante exigencia parezca una extravagancia en tiempos donde la lealtad partidista suele cotizarse mejor que la competencia profesional.
Puerto Palomas demuestra que la economía necesita acuerdos, no ocurrencias. La reanudación de las exportaciones ganaderas por Puerto Palomas hacia Columbus representa una señal positiva para el sector pecuario chihuahuense, después de un periodo de restricciones sanitarias que afectó ingresos, operaciones comerciales y expectativas de numerosos productores.
El primer movimiento de ganado reportado confirma la posibilidad de recuperar gradualmente un mercado fundamental para la economía regional, aunque todavía será necesario conocer la continuidad de las operaciones, los volúmenes autorizados y las condiciones sanitarias que permitan sostener la actividad sin nuevos cierres.
La importancia del acontecimiento va mucho más allá de las cabezas de ganado que crucen diariamente, porque demuestra que la relación económica entre Chihuahua y Estados Unidos depende de instituciones técnicas, protocolos verificables y acuerdos binacionales que no pueden sustituirse por declaraciones nacionalistas.
Esta frontera produce, exporta, importa, transporta y genera empleo gracias a una integración económica construida durante décadas, una realidad que debería estar presente en cada decisión del Gobierno federal sobre comercio exterior, sanidad, infraestructura y cooperación internacional.
Los productores necesitan certidumbre y mercados abiertos, no funcionarios que pretendan apropiarse de los resultados cuando las cosas funcionan y desaparecer cuando aparecen los problemas, porque en el campo existe una regla elemental que también debería aplicarse a la política, quien quiera cosechar primero tiene que trabajar la tierra.
Brasil, Lula y la lección que México debería aprender. La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil confirma que América Latina continúa atravesando una etapa de intensa polarización política, en la que las disputas entre proyectos ideológicos se mezclan con problemas económicos, desigualdad social y una creciente influencia de las posiciones asumidas desde Washington.
El resultado brasileño también obliga a observar la relación entre Lula y Donald Trump, porque cualquier modificación importante en los vínculos comerciales de Estados Unidos con una de las mayores economías latinoamericanas puede alterar decisiones de inversión, flujos comerciales y estrategias industriales en toda la región.
Para Ciudad Juárez la lección resulta particularmente relevante, porque México compite por inversiones internacionales en sectores donde Brasil también posee capacidades productivas, mientras nuestra ventaja geográfica depende de conservar condiciones de certidumbre jurídica, infraestructura, seguridad y acceso competitivo al mercado estadounidense.
El problema es que buena parte de la discusión política mexicana sigue atrapada en una visión simplista de la soberanía, como si defender los intereses nacionales significara desconocer la profundidad de nuestra integración económica, cuando precisamente esa interdependencia obliga a negociar con inteligencia y a proteger las ventajas productivas del país.
Chihuahua entiende esa realidad mejor que muchos despachos burocráticos de la capital, porque aquí sabemos que una decisión comercial tomada en Washington puede afectar turnos de producción en Juárez, contratos de proveedores en Chihuahua y empleos familiares en prácticamente toda la región.
La política internacional no es un concurso de discursos encendidos ni una competencia para descubrir quién pronuncia con mayor entusiasmo la palabra patria, porque al final las economías se sostienen con productividad, confianza y acuerdos, aunque todavía haya gobernantes convencidos de que una buena consigna puede reemplazar a una estrategia.
Y mientras los dirigentes de América discuten quién manda en el continente, los juarenses seguimos haciendo lo que hemos hecho durante generaciones, trabajar de un lado y del otro de la frontera, adaptarnos a las decisiones que otros toman y demostrar que la integración económica existe mucho antes de que los políticos se decidan a reconocerla.
