Puentes y pasos inferiores, la modernidad no puede quedarse a medio camino — Lluvias e inundaciones, señores gobernantes, aquí no se vale hacerse patos — El Pinal y Jáuregui, cuando la cooperación internacional termina ante un juez — Marco Bonilla: Entre la gira política y la libreta de pendientes — Maru Campos: La política de las acusaciones y las pruebas pendientes — En el INE se fue Taddei, pero las cuentas se quedaron.
Puentes y pasos inferiores, la modernidad no puede quedarse a medio camino. Ciudad Juárez lleva tantos años esperando soluciones a sus problemas de movilidad que cualquier obra importante despierta expectativas, suspicacias y hasta discusiones de sobremesa, por eso el inicio de la construcción de puentes y pasos deprimidos en Juárez merece atención, aunque también exige revisar cuidadosamente los proyectos y recordar que una ciudad no se moderniza únicamente colocando concreto donde antes había semáforos.
La inversión pública en infraestructura vial resulta indispensable para una frontera donde el transporte industrial, los desplazamientos laborales y el crecimiento urbano han rebasado numerosos cruceros, pero las autoridades deben demostrar con estudios y resultados que las intervenciones resolverán problemas reales y no simplemente trasladarán los congestionamientos unos cuantos kilómetros más adelante.
Y aquí aparece una pregunta que las recientes tormentas han vuelto imposible ignorar, porque si varios pasos a desnivel y vialidades terminaron convertidos en depósitos de agua, resulta indispensable conocer cómo se resolverá el drenaje pluvial de las nuevas construcciones, no vaya a ser que terminemos inaugurando modernas albercas de concreto para automovilistas involuntarios.
Los comerciantes y vecinos de las zonas intervenidas también merecen explicaciones sobre accesos, rutas alternativas, seguridad peatonal y duración de los trabajos, porque los costos de una obra no se limitan a lo que aparece en el contrato, también incluyen las pérdidas económicas y las horas que la población sacrifica mientras la maquinaria transforma su entorno.
Que se construya lo necesario, que se supervise cada peso y que se informe con claridad sobre los avances, porque Juárez necesita infraestructura funcional y no una competencia de inauguraciones, al final las obras bien hechas hablan por sí mismas y las mal planeadas también, especialmente cuando cae la primera lluvia fuerte.
Lluvias e inundaciones, señores gobernantes, aquí no se vale hacerse patos. Las tormentas recientes dejaron una advertencia que ninguna autoridad responsable debería minimizar, pues Ciudad Juárez volvió a registrar viviendas inundadas, vehículos atrapados, calles intransitables y familias obligadas a enfrentar pérdidas materiales, mientras los pronósticos mantienen condiciones desfavorables y la saturación del suelo incrementa el riesgo de nuevos encharcamientos y desbordamientos.
La alerta naranja emitida este jueves 29 de octubre por Protección Civil estatal no debe convertirse en otro comunicado que circula entre oficinas mientras la población se entera del peligro cuando ya tiene el agua dentro de su casa, porque los avisos meteorológicos solamente cumplen su propósito cuando llegan a tiempo, se entienden con facilidad y permiten tomar decisiones preventivas.
El Gobierno federal, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Juárez tienen obligaciones distintas pero complementarias, de modo que resulta indispensable coordinar recursos, personal, maquinaria, refugios temporales, atención médica y sistemas de comunicación, sin utilizar las diferencias políticas como pretexto para retrasar acciones que pueden proteger vidas y patrimonio.
Se necesitan avisos específicos por colonia y sector, mapas de zonas inundables, información permanente sobre vialidades cerradas, vigilancia de diques y vasos de captación, supervisión de pasos inferiores y equipos de rescate preparados para intervenir, además de protocolos especiales para escuelas, hospitales, adultos mayores y familias que habitan en áreas de mayor vulnerabilidad.
También hace falta explicar públicamente qué dependencias son responsables del mantenimiento de cada infraestructura pluvial, cuánto dinero se ha invertido, qué obras siguen pendientes y cuáles son los puntos donde existe peligro inmediato, porque después de cada tormenta escuchamos promesas de prevención que parecen evaporarse con la misma velocidad que el agua bajo el sol del desierto.
Aquí no cabe el clásico juego de aventarse la bolita entre dependencias ni la costumbre de aparecer para la fotografía cuando el agua ya bajó, la Federación debe facilitar los apoyos que correspondan, el Estado debe movilizar su capacidad técnica y operativa y el Municipio debe responder con vigilancia territorial, limpieza, prevención y comunicación directa con los vecinos.
El llamado es firme y urgente para los tres órdenes de gobierno, actúen antes de que ocurra otra tragedia, informen de manera continua y transparente, identifiquen las zonas de peligro y adviertan oportunamente a la comunidad, porque la lluvia es un fenómeno natural, pero muchas de sus consecuencias pueden agravarse cuando la prevención llega demasiado tarde.
Marco Bonilla: Entre la gira política y la libreta de pendientes. Marco Bonilla continúa ampliando su presencia en Ciudad Juárez mediante reuniones y encuentros con distintos sectores, una actividad que forma parte de la dinámica política rumbo a 2027 y que también representa una oportunidad para conocer las necesidades de una frontera cuyo tamaño económico y poblacional obliga a cualquier dirigente estatal a prestarle atención.
La ciudad necesita escuchar propuestas específicas sobre infraestructura hidráulica, seguridad, movilidad y desarrollo económico, porque los discursos generales suelen funcionar muy bien en los auditorios, pero pierden encanto cuando alguien pregunta cuánto costarán las soluciones, de dónde saldrán los recursos y quién será responsable de cumplir los compromisos.
El PAN enfrenta además sus propias discusiones sobre candidaturas y participación de la militancia, por lo que sus dirigentes deberán explicar con claridad las reglas que utilizarán para tomar decisiones, no vaya a resultar que la democracia interna termine siendo un hermoso discurso para las ocasiones especiales mientras las decisiones importantes se resuelven en reuniones reservadas.
Bonilla tendrá que demostrar que sus recorridos por Juárez sirven para construir una agenda de trabajo y no solamente para ampliar su presencia pública, porque los juarenses conocen demasiado bien esa vieja costumbre de recibir visitas políticas acompañadas de grandes promesas que luego se pierden en algún cajón de la capital.
La frontera merece interlocución permanente, no atención por temporadas electorales, así que habrá que observar si las propuestas surgidas de estos encuentros se convierten en compromisos medibles o si todo termina en el conocido ritual de apretones de manos, fotografías y despedidas, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.
Morena, la unidad se presume, las diferencias se administran. Morena atraviesa una etapa de reorganización en Chihuahua donde los liderazgos de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez ocupan espacios importantes, una circunstancia que obliga al partido a definir mecanismos de coordinación y participación, especialmente después de los procesos internos que han dejado discusiones sobre representatividad y acuerdos entre corrientes.
Los dirigentes pueden declarar unidad cuantas veces quieran, pero esa palabra solamente adquiere significado cuando se traduce en reglas aceptadas, responsabilidades compartidas y procedimientos transparentes, porque las fotografías de grupo no resuelven por sí solas las diferencias y hasta en las mejores familias aparecen discusiones cuando llega el momento de repartir las tareas.
Cruz Pérez Cuéllar ha desarrollado una agenda de encuentros con sectores productivos y grupos políticos fuera de Ciudad Juárez, mientras que Andrea Chávez mantiene su propia actividad partidista, movimientos que permiten observar cómo ambos buscan ampliar sus espacios de interlocución dentro de una organización que todavía deberá tomar decisiones importantes.
Los aliados de Morena también forman parte de la ecuación y sus intereses no pueden darse por descontados, ya que tanto el PT como el PVEM tienen estructuras y prioridades propias, por lo que cualquier acuerdo de coalición requerirá negociaciones concretas y no solamente declaraciones de buena voluntad, porque en política hasta los abrazos suelen venir acompañados de una lista de pendientes.
Pero el asunto que realmente debería interesar a los ciudadanos no es cuántos grupos se acomodan alrededor de una mesa, sino qué soluciones ofrecen para una ciudad con problemas de seguridad, infraestructura, empleo y servicios públicos, porque mientras los políticos discuten posiciones, los vecinos siguen esperando resultados y las necesidades no entienden de calendarios partidistas.
Maru Campos: La política de las acusaciones y las pruebas pendientes. La confrontación entre la gobernadora Maru Campos y figuras relevantes de Morena ha adquirido una dimensión especialmente delicada por las declaraciones sobre presuntas relaciones de actores políticos con organizaciones criminales, un tema que exige responsabilidad y que no debería quedar atrapado en el intercambio de descalificaciones entre adversarios.
Cuando una autoridad formula señalamientos de esa naturaleza, la sociedad tiene derecho a preguntar qué información los respalda, si existen investigaciones oficiales y qué instituciones están interviniendo, porque las acusaciones sobre delincuencia organizada no pueden evaluarse con los mismos criterios que una discusión partidista ordinaria.
Las respuestas políticas y los anuncios de acciones legales también deberán seguir sus respectivos procedimientos, evitando que la controversia se convierta en una cadena interminable de conferencias, comunicados y amenazas de demandas, mientras los ciudadanos continúan esperando resultados concretos en seguridad pública.
El conflicto plantea además una cuestión institucional importante sobre la relación entre el Gobierno estatal y las administraciones municipales, pues las diferencias políticas no eliminan las obligaciones de colaboración en prevención del delito, investigación, atención a víctimas y protección de la población, por mucho que los protagonistas prefieran mantener sus disputas en el escenario mediático.
Lo que corresponde es investigar cualquier señalamiento sustentado, garantizar el derecho de defensa y publicar la información que legalmente pueda conocerse, porque la verdad no se establece mediante aplausos ni mediante campañas de desprestigio, y como dice el refrán, cuentas claras conservan amistades, aunque en la política chihuahuense las amistades parezcan durar bastante menos que las controversias.
En el INE se fue Taddei, pero las cuentas se quedaron. La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral ha abierto una etapa de revisión institucional que no puede limitarse al cambio de nombres en las oficinas principales, porque las investigaciones sobre contrataciones y posibles irregularidades administrativas plantean preguntas sobre controles internos, supervisión y responsabilidades durante la gestión anterior.
Los informes conocidos mencionan expedientes relacionados con proveedores, servidores públicos y observaciones de auditoría, asuntos que deben investigarse con rigor y sin confundir una sospecha administrativa con una responsabilidad acreditada, aunque tampoco sería aceptable utilizar esa distinción como excusa para guardar los expedientes hasta que se enfríe la atención pública.
La llegada provisional de Blanca Cruz García y la salida de colaboradores cercanos a Taddei representan movimientos administrativos que deben acompañarse de información clara sobre la continuidad de las investigaciones, los contratos observados y las medidas correctivas, porque cambiar al personal sin explicar qué ocurrió sería como pintar una pared húmeda y presumir que desapareció la filtración. Ocultar información solo los incrimina más.
La Cámara de Diputados y los órganos fiscalizadores tienen una responsabilidad importante para esclarecer los hechos, particularmente mediante la revisión de documentos, comparecencias y procedimientos administrativos, ya que la autonomía electoral no significa ausencia de controles y la independencia institucional debe convivir con la obligación de rendir cuentas.
Para Chihuahua, el asunto merece seguimiento por la cercanía de los procesos electorales de 2027 y por la necesidad de garantizar que las autoridades electorales dispongan de recursos, procedimientos y mecanismos de vigilancia confiables, sin trasladar automáticamente las investigaciones nacionales a organismos locales sobre los cuales no existan pruebas de irregularidades.
El problema de fondo no se resuelve encontrando una nueva persona que ocupe la presidencia del INE, sino estableciendo qué ocurrió, quién tomó las decisiones, qué recursos estuvieron involucrados y qué consecuencias legales corresponden, porque la confianza pública no se recupera con ceremonias de relevo y comunicados tranquilizadores, sino con investigaciones completas y resultados verificables.
Y si alguien pensaba que la renuncia de Taddei sería suficiente para dar vuelta a la página, convendría recordarle que los expedientes no renuncian junto con los funcionarios, los contratos no desaparecen cuando se vacía una oficina y las responsabilidades administrativas tampoco se extinguen por decreto, así que el asunto merece una investigación hasta sus últimas consecuencias legales pero, sobre todo, una total transparencia hacia la sociedad.
