Cuando el ingreso extra de Juárez cruza por el puente
Por Guadalupe Parada Gasson
Hay asuntos que parecen demasiado pequeños para convertirse en un problema de ciudad, hasta que uno descubre cuánto dinero, cuántas familias y cuántas decisiones cotidianas dependen de ellos.
El debate sobre los juarenses que cruzan a El Paso para donar plasma y recibir una compensación económica no debería reducirse a una discusión migratoria ni al rumor de que “están quitando visas por donar”. El verdadero asunto es mucho más incómodo: ¿qué tan dependiente se ha vuelto una parte de la economía familiar de Ciudad Juárez de una actividad que se realiza en Estados Unidos y que puede quedar atrapada en las nuevas interpretaciones de la política migratoria estadounidense?
La pregunta no es menor. Y tampoco es nueva.
El antecedente que Washington no puede borrar
En junio de 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció que los titulares de visas B1/B2 que cruzaran desde México específicamente para vender plasma ya no serían admitidos para ese propósito.
La postura de CBP fue contundente: recibir una compensación por el plasma constituía “labor for hire”, es decir, trabajo por contratación, incompatible, según la agencia, con el estatus migratorio de visitante. La propia resolución judicial que posteriormente revisó el caso documentó que CBP sostuvo que la extracción del plasma y la obtención de ganancias ocurrían en Estados Unidos.
Pero había un problema: durante décadas, mexicanos con tarjetas de cruce fronterizo habían realizado esta actividad y las propias autoridades estadounidenses la habían permitido. El expediente judicial señala que eran “muchos miles” de donadores mexicanos y que sus aportaciones representaban aproximadamente entre 5% y 10% de todo el plasma recolectado en Estados Unidos. El documento también señala que, antes del cambio de política, los donadores recibían alrededor de 50 dólares por donación.
Es decir, no hablamos de una actividad marginal. Hablamos de una industria que había construido parte de su cadena de suministro sobre una fuerza de donadores mexicanos fronterizos.
El pleito llegó a los tribunales
Las empresas recolectoras de plasma demandaron a CBP. El 16 de septiembre de 2022, la jueza Tanya Chutkan, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, concedió una medida cautelar preliminar solicitada por CSL Plasma y bloqueó la aplicación de la prohibición contra los titulares B1/B2 que cruzaban desde México para donar plasma.
La resolución encontró que las empresas demandantes habían demostrado una probabilidad de éxito en sus argumentos y que la restricción les ocasionaba un daño irreparable. La decisión fue relevante por una razón adicional: el tribunal consideró el suministro de plasma como un asunto de interés público, especialmente por su importancia para medicamentos derivados del plasma.
Por eso resulta particularmente interesante que, en febrero de 2025, Grifols enviara una carta dirigida a oficiales de CBP para sostener que las personas que cruzan desde México con una visa B1/B2 pueden ingresar para donar plasma a cambio de compensación, invocando precisamente la orden judicial del 16 de septiembre de 2022.
Entonces hay que decirlo con precisión: no existe evidencia pública suficiente para afirmar que la legislación estadounidense establece una cancelación automática de la visa B1/B2 por donar plasma. Pero tampoco es correcto afirmar que el tema es inventado. Existe un antecedente oficial en el que CBP sí intentó prohibir esta actividad y considerarla trabajo no autorizado, y existe una resolución judicial que frenó esa política.
El problema económico está del otro lado del puente
Y aquí aparece Ciudad Juárez.
La discusión migratoria puede tener lugar en Washington, pero la factura económica puede terminar pagándose en las colonias de Juárez. Porque para una familia con ingresos suficientes, 100, 200 o 400 dólares adicionales pueden representar un incentivo; para una familia que vive al día, pueden significar comida, renta, gasolina, medicamentos, colegiaturas o el pago de una deuda.
No existe, al menos en las estadísticas públicas consultadas, un padrón oficial que permita afirmar cuántas familias juarenses dependen actualmente del plasma. Y sería irresponsable inventar esa cifra. Pero existen señales suficientes para demostrar que estamos frente a una actividad económica real.
En comunidades digitales de Ciudad Juárez aparecen testimonios recientes de personas que cruzan a El Paso para donar plasma como ingreso adicional, incluso mientras mantienen un empleo formal. En 2025 se reportaban casos de personas que acudían dos veces por semana y estimaban ingresos de alrededor de 100 a 120 dólares semanales; en 2026 continúan apareciendo consultas de juarenses sobre centros, pagos y condiciones para donar. Son testimonios anecdóticos, no un censo, pero revelan una práctica económica instalada.
Y del lado estadounidense existe una infraestructura considerable. Actualmente aparecen múltiples centros de plasma en El Paso de empresas como Grifols, CSL Plasma y KEDPLASMA. Grifols, por ejemplo, mantiene varios centros en la ciudad y confirma oficialmente que sus donadores reciben compensación por su tiempo.
Esto permite entender algo que suele perderse en la discusión: el plasma no solamente genera dinero para quien dona; genera una pequeña economía transfronteriza alrededor de cada donación. Está el transporte, la gasolina, los estacionamientos, la comida, las compras, el tiempo de permanencia en El Paso y, sobre todo, el dinero que regresa a los hogares de Juárez.
¿Cuánto dinero representa?
Aquí debemos ser prudentes. No existe una estadística pública que permita calcular con exactitud cuánto dinero de los centros de plasma termina anualmente en Ciudad Juárez. Pero podemos dimensionar el fenómeno.
El expediente federal de 2022 hablaba de muchos miles de donadores mexicanos y de compensaciones cercanas a 50 dólares por donación. Por otra parte, CSL reconoce que un centro maduro puede generar aproximadamente 6 millones de dólares anuales entre nómina y compensaciones a donadores, buena parte de ese dinero gastado localmente.
No podemos trasladar mecánicamente esa cifra a El Paso ni afirmar que corresponde a donadores juarenses. Pero sí permite comprender la dimensión económica de la industria.
Ahora hagamos un ejercicio conservador, no como dato oficial, sino como escenario de análisis: si solamente 5,000 juarenses fueran donadores activos y cada uno recibiera en promedio 100 dólares semanales, estaríamos hablando de 500,000 dólares semanales.
Al año: 26 millones de dólares.
Al tipo de cambio de 18 pesos: 468 millones de pesos anuales.
Con 10,000 donadores, el escenario se duplicaría a unos 936 millones de pesos anuales.
Insisto: no significa que esas sean las cifras reales de Juárez. Significa que la ausencia de un padrón oficial no debe confundirse con ausencia de impacto económico.
Y precisamente por eso hace falta medirlo.
El verdadero problema es la vulnerabilidad
La economía juarense tiene una característica que muchas veces se presenta como ventaja, pero que también puede convertirse en vulnerabilidad: vivimos pegados a Estados Unidos.
Cuando Estados Unidos crece, Juárez recibe beneficios. Cuando Estados Unidos endurece sus políticas migratorias, comerciales o fronterizas, Juárez absorbe parte del golpe. Lo hemos visto con la industria maquiladora, con las tarifas, con los cruces fronterizos y con las políticas migratorias.
La dependencia económica transfronteriza no solamente está en las grandes empresas. También está en el pequeño ingreso familiar.
Y ahí aparece el plasma.
Para algunos hogares, probablemente no es el ingreso principal. Es el ingreso que completa; ese dinero que permite llegar al viernes, pagar una deuda, cubrir el recibo o comprar despensa. Y cuando ese ingreso desaparece, no necesariamente aparece otro.
La paradoja política
Aquí aparece la dimensión política.
Estados Unidos tiene derecho a decidir quién entra a su territorio y bajo qué condiciones. Pero la política migratoria estadounidense está produciendo efectos económicos que no terminan en la frontera. Cada modificación de criterio en CBP tiene una réplica en Ciudad Juárez.
Y aquí hay una paradoja interesante: durante años, la economía estadounidense se benefició de miles de donadores mexicanos. El propio expediente judicial reconoce la importancia de esos donadores para la industria y señala que sus aportaciones representaban entre 5% y 10% del plasma recolectado nacionalmente.
Pero cuando la política migratoria cambia, el riesgo se traslada al ciudadano mexicano. La industria pierde proveedores, el sistema estadounidense pierde una fuente de plasma y el trabajador fronterizo pierde un ingreso.
¿Quién absorbe el costo?
Esa es la pregunta política que debería estar sobre la mesa.
Trump, la frontera y el mensaje político
La administración Trump ha convertido la frontera en uno de los principales símbolos de su agenda política. Y eso tiene consecuencias.
La frontera dejó de ser solamente una línea geográfica. Es ahora un instrumento político. Cada cruce se vuelve susceptible de escrutinio y cada actividad económica realizada en Estados Unidos por un visitante puede ser examinada bajo una lógica migratoria mucho más estricta.
Y el caso del plasma es particularmente sensible porque se encuentra en una zona gris de enorme interés político: ¿es una donación o es trabajo?
La industria dice que es una actividad permitida y que existe respaldo judicial. CBP, en 2021, sostuvo exactamente lo contrario. El conflicto jurídico demuestra que la respuesta no es tan sencilla.
Y mientras los abogados discuten conceptos migratorios, en Juárez hay personas haciendo cuentas.
El silencio también cuesta
Aquí hay una responsabilidad para las autoridades mexicanas.
No basta con decir que “es un asunto de Estados Unidos”. No cuando miles de ciudadanos cruzan diariamente para realizar actividades económicas. No cuando una modificación en la política estadounidense puede reducir el ingreso disponible de hogares mexicanos. No cuando existe un antecedente judicial específico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado de México en El Paso y las autoridades estatales deberían tener información clara y actualizada para los usuarios de visas B1/B2. No para promover la donación. No para recomendarla. Sino para evitar que una persona pierda su visa por desconocimiento, información falsa o una interpretación equivocada de las reglas migratorias.
Porque una cosa es que una persona tenga derecho a defender jurídicamente su actividad y otra muy distinta es que un ciudadano cruce la frontera creyendo que tiene garantizada la entrada.
No la tiene.
El dato que falta
La discusión pública necesita dejar de moverse entre rumores y testimonios aislados.
Ciudad Juárez necesita saber: ¿cuántos residentes cruzan a El Paso para donar plasma?, ¿cuánto dinero reciben al mes?, ¿qué porcentaje representa ese ingreso dentro del presupuesto familiar?, ¿cuántos tienen empleo formal y utilizan el plasma como segundo ingreso?, ¿cuántas familias dependen parcialmente de esa compensación? y ¿qué ocurre con su economía si pierden la posibilidad de cruzar?
Y una pregunta todavía más importante: ¿cuántas visas han sido canceladas realmente por esta causa durante 2025 y 2026?
Porque hasta ahora tenemos testimonios y antecedentes históricos, pero no una estadística pública que permita afirmar que existe una campaña generalizada de cancelación de visas por donar plasma. Eso debe investigarse antes de convertir el rumor en verdad.
El plasma como radiografía de la economía fronteriza
Quizá el mayor aprendizaje de este episodio es que el plasma revela algo mucho más profundo.
Ciudad Juárez tiene una economía formal enorme, dominada por la manufactura, pero también tiene miles de estrategias familiares para completar el ingreso. Una persona trabaja en una maquiladora; otra vende comida; otra hace entregas; otra cruza mercancía; otra limpia casas en El Paso y otra dona plasma.
No todas esas actividades tienen la misma naturaleza jurídica, pero todas responden a una misma pregunta: ¿cómo alcanza el dinero para vivir en Juárez?
Por eso, el debate sobre el plasma no debería convertirse en una guerra ideológica entre quienes defienden a los migrantes y quienes defienden la política estadounidense.
El asunto es más complejo. Es una radiografía de la precariedad y de la creatividad económica de una ciudad fronteriza.
Y aquí está el verdadero dilema.
Si Estados Unidos decide endurecer nuevamente su postura sobre los donadores mexicanos, tendrá una consecuencia inmediata sobre una industria que utiliza plasma para producir medicamentos esenciales. Pero Ciudad Juárez también tendrá que preguntarse por qué una familia necesita cruzar una frontera para conseguir un ingreso adicional de unos cuantos cientos de dólares al mes.
Ahí está la discusión que casi nadie quiere tener.
Porque el problema no comienza en el puente internacional. Comienza en el bolsillo y termina en el puente.
El plasma no es solamente una historia migratoria. Es una historia de empleo, ingreso familiar, desigualdad, dependencia económica y política fronteriza.
Y mientras Washington decide quién puede cruzar, en Juárez miles de familias hacen una pregunta mucho más sencilla: ¿con qué dinero vamos a llegar a fin de mes?
Esa debería ser la verdadera conversación.
