Por José Martín Rodríguez
El debate sobre libertad de expresión y control gubernamental de los medios digitales volvió a intensificarse en México tras la aprobación de diversas reformas impulsadas por Morena y el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, agrupadas por críticos y organizaciones civiles bajo el término de “Ley Censura”.
Aunque ese nombre no aparece oficialmente en ninguna legislación, opositores, especialistas y defensores de la libertad de prensa utilizan la expresión para referirse principalmente a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a cambios electorales y mecanismos regulatorios que consideran riesgosos para la libre circulación de información.
La reforma más controvertida sustituye a la legislación federal de telecomunicaciones aprobada en 2014 y modifica de manera profunda el modelo de regulación de medios y plataformas digitales en el país.
Uno de los cambios centrales es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano autónomo, trasladando facultades regulatorias a una nueva agencia vinculada directamente al Poder Ejecutivo federal
¿Será algo como era Radio, Televisión y Cinematógrafia (RTC) de SEGOB? RTC fue creada en el sexenio de José Lopez Portillo y su operación durante los gobiernos siguientes representaron la burocratización y profesionalización del control estatal sobre los medios. La RTC no fue creada ex profeso solo para censurar, sino para regular un sector en crecimiento; no obstante, en el contexto del presidencialismo de la época, sus atribuciones de clasificación, permisos y vigilancia se utilizaron sistemáticamente como herramientas de control político y censura indirecta, evitando la difusión de contenidos disidentes bajo argumentos legales y administrativos.
¿Les suena familiar? Hoy el Gobierno Federal dice que el nuevo organismo tendrá atribuciones relacionadas con concesiones, supervisión de contenidos y regulación de medios de difusión, mientras que sus integrantes serán designados desde la Presidencia de la República, lo que me recuerda que nombraron a Margarita López Portillo (Hermana del Presidente José López Portillo) la primer directora de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematógrafia, quien usó el aparato del RTC y el estado para enlatar proyectos, o dejar sin papel a los periódicos que criticaban al gobierno y al partido en el poder.
La presidente Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que las reformas tengan fines de censura o vigilancia. “No hay censura, ni espionaje, ni nada que se le parezca”, pero sectores de oposición consideran que esta concentración de funciones representa un riesgo para la independencia regulatoria y abre la puerta a posibles mecanismos de control político sobre plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación.
Legisladores panistas advirtieron que el nuevo marco jurídico permitiría al gobierno influir en la operación de plataformas digitales y medios electrónicos, generando un precedente preocupante para la libertad de expresión;
Otro de los puntos que está generando controversia es el llamado “derecho de las audiencias”, mecanismo que, según sus impulsores, busca garantizar mayor participación social y equilibrio informativo en los medios. Sin embargo, organizaciones civiles y medios críticos cuestionan quién determinará qué contenidos son “adecuados” o si determinadas publicaciones podrían ser consideradas violatorias de normas regulatorias.
Todo esto ocurre en un país donde distintas organizaciones nacionales e internacionales continúan documentando agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación.
