Por Guadalupe Parada Gasson
Por años, el discurso oficial ha insistido en que México vive una transformación histórica. Se habla de un cambio de régimen, de justicia social, de combate a los privilegios y de un nuevo modelo económico. Sin embargo, cuando la propaganda se confronta con los indicadores económicos, institucionales y sociales, surge una pregunta incómoda: ¿realmente el país está mejor o simplemente aprendimos a normalizar el deterioro?
Gobernar no consiste en dominar la conversación pública. Gobernar consiste en generar riqueza, brindar seguridad, fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida de la población, todo lo demás es comunicación política.
Siete años después, el balance económico obliga a una reflexión seria. El crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para un país que incorpora cada año cientos de miles de jóvenes al mercado laboral.
Crecer alrededor de un punto porcentual anual significa permanecer prácticamente estancados frente a economías emergentes que avanzan al doble o al triple de velocidad; mientras países como Vietnam, India o Indonesia aprovecharon el fenómeno de la relocalización industrial (nearshoring) para acelerar su desarrollo, México desperdició buena parte de esa oportunidad por la incertidumbre jurídica, la insuficiencia energética y la falta de infraestructura estratégica.
La inversión privada vive precisamente de la certeza, cuando las reglas cambian constantemente, cuando los órganos autónomos son debilitados, cuando los proyectos de infraestructura responden más a decisiones políticas que a análisis costo-beneficio y cuando el Estado confronta al sector productivo, el capital simplemente busca otro destino.
La consecuencia es evidente; menor inversión significa menor productividad, menor innovación y menores salarios reales. A ello se suma un incremento histórico de la deuda pública, el argumento oficial sostiene que la deuda es sostenible porque representa un porcentaje manejable del PIB. Técnicamente puede ser cierto, sin embargo, el verdadero problema no es únicamente cuánto se debe, sino qué recibió el país a cambio de ese endeudamiento.
Las grandes economías se endeudan para construir infraestructura que multiplica productividad, educación que aumenta capital humano o tecnología que genera crecimiento futuro, cuando la deuda financia gasto corriente o programas sin mecanismos rigurosos de evaluación, el resultado es una pesada factura para las siguientes generaciones sin un incremento equivalente en la capacidad productiva del país.
La política social merece un análisis aún más profundo. Es innegable que millones de familias reciben hoy apoyos económicos directos, también es cierto que diversos indicadores oficiales muestran una disminución de la pobreza multidimensional.
Negarlo sería desconocer la evidencia disponible, pero reducir pobreza no significa necesariamente construir desarrollo.
El verdadero desarrollo ocurre cuando una familia deja de depender del presupuesto público porque encontró un empleo formal, cuenta con servicios de salud, acceso a educación de calidad y posibilidades reales de movilidad social; y ahí aparecen las contradicciones.
Persisten millones de mexicanos sin seguridad social, sin acceso efectivo a servicios de salud, con rezago educativo y viviendo en condiciones laborales marcadas por la informalidad, ás de la mitad de la población ocupada continúa trabajando fuera de la formalidad, limitando la productividad nacional y debilitando la recaudación fiscal necesaria para financiar mejores servicios públicos.
La salud constituye probablemente uno de los casos más preocupantes, los reportes institucionales muestran disminuciones importantes en consultas preventivas, vacunación infantil, atención prenatal y programas de control nutricional, éstas cifras representan mucho más que estadísticas administrativas; significan enfermedades detectadas tarde, embarazos con menor seguimiento médico y generaciones infantiles con menores oportunidades de desarrollo.
Las consecuencias económicas son enormes, una población menos sana produce menos, genera mayores costos médicos futuros y reduce el potencial de crecimiento del país.
La seguridad tampoco puede analizarse únicamente desde la percepción política, México acumula cifras históricas de homicidios, desapariciones y diversos delitos de alto impacto, más allá del debate metodológico sobre las bases de datos, existe un consenso entre organismos nacionales e internacionales respecto a que la violencia continúa representando uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico.
La inseguridad actúa como un impuesto invisible, las empresas destinan recursos crecientes a vigilancia privada; las familias modifican sus hábitos de consumo; los inversionistas elevan sus primas de riesgo; los emprendedores cancelan proyectos y comunidades completas pierden competitividad; cada delito representa costos económicos directos e indirectos que rara vez aparecen en los discursos oficiales.
El deterioro institucional agrava aún más el escenario, diversos indicadores internacionales sobre Estado de Derecho, transparencia, corrupción, libertad de prensa y funcionamiento de la justicia muestran que México enfrenta desafíos estructurales importantes. Sin instituciones sólidas no existe mercado sólido; sin tribunales confiables no existe inversión sostenible; sin división efectiva de poderes no existe certeza jurídica.
Los países exitosos no prosperan únicamente por tener recursos naturales. Prosperan porque generan confianza y la confianza institucional tarda décadas en construirse, pero apenas unos años en destruirse.
Quizá el dato más preocupante no sea ninguno de los anteriores, lo verdaderamente alarmante es la creciente normalización del fracaso. Nos acostumbramos a hospitales saturados, carreteras deterioradas, escuelas insuficientes, homicidios diarios, desapariciones constantes, corrupción estructural y servicios públicos cada vez más limitados.
La ciudadanía dejó de exigir resultados y comenzó a conformarse con explicaciones, la política dejó de competir por ofrecer mejores gobiernos y empezó a competir por construir mejores narrativas, sin embargo, la economía es profundamente democrática, no vota, no milita, no tiene ideología, simplemente presenta la factura.
Cuando una familia paga más por los alimentos, cuando un empresario decide cancelar una inversión, cuando un joven abandona la escuela para incorporarse a la informalidad o cuando un profesionista emigra buscando mejores oportunidades, la economía está emitiendo un veredicto mucho más contundente que cualquier encuesta.
México merece mucho más que un debate entre simpatizantes y opositores, merece gobiernos que rindan cuentas con resultados medibles, porque las cifras pueden discutirse, las metodologías pueden compararse, los indicadores pueden interpretarse, Pero el bienestar cotidiano de millones de mexicanos no admite propaganda.
Al final, ningún discurso llena el refrigerador, ningún eslogan sustituye una consulta médica y ninguna narrativa puede reemplazar el crecimiento económico, la seguridad y el Estado de Derecho. La historia juzga a los gobiernos por los resultados que dejan, no por los aplausos que reciben y los resultados, tarde o temprano, siempre terminan imponiéndose sobre el discurso.
