Cuando sobrevivir fuera de la ley resulta más barato que producir dentro de ella, el problema ya no es sólo fiscal: es económico, político y de seguridad.
Por Guadalupe Parada Gasson
México ha convertido la informalidad en una especie de política social no escrita. Cuando el empleo formal no alcanza, cuando abrir un negocio legal resulta costoso o cuando el ingreso familiar se desploma, millones de personas encuentran en vender, reparar, transportar, cocinar o prestar algún servicio fuera de la formalidad una “aspirinita económica”: calma el dolor inmediato, genera efectivo y evita, muchas veces, que un hogar caiga en una pobreza más profunda.
El problema es que una aspirina puede quitar el dolor sin curar la enfermedad.
Y una economía no puede construir productividad, empresas fuertes ni Estado de derecho sobre una estrategia de supervivencia permanente.
La dimensión del fenómeno debería sacudir cualquier discurso triunfalista.
INEGI calcula que, en 2025, el 54.4 % de la población ocupada trabajaba en condiciones de informalidad, pero toda esa fuerza laboral produjo apenas el 25.4 % del PIB.
En contraste, el 45.6 % de los trabajadores formales generó el 74.6 % de la riqueza nacional. Dicho brutalmente: más de la mitad de quienes trabajan producen apenas una cuarta parte del producto del país.
Hay una lectura todavía más incómoda.
Si se relaciona la participación en el PIB con la proporción de trabajadores, la producción media aparente asociada al empleo formal resulta aproximadamente 3.5 veces superior a la del empleo informal.
No significa que el trabajador informal sea menos capaz; significa exactamente lo contrario: que millones de mexicanos están atrapados en actividades con menos capital, tecnología, financiamiento, capacitación y capacidad para crecer.
El verdadero desperdicio nacional no es la falta de trabajo; es tener talento trabajando por debajo de su potencial.
Los Censos Económicos 2024 ofrecen una radiografía aún más severa desde la perspectiva de los establecimientos.
En 2023, bajo la definición censal de formalidad, el 64.3 % de las unidades económicas eran informales, pero generaron solamente el 3.6 % del valor agregado censal bruto; las formales, que representaban el 35.7 %, produjeron el restante 96.4 %.
Son universos y metodologías distintos de la medición general de la economía informal, por lo que los porcentajes no son directamente comparables. Sin embargo, ambos indicadores conducen a la misma conclusión: la informalidad permite existir; difícilmente permite escalar.
El dato que debería convertirse en asunto de política económica está todavía más abajo.
Según esos mismos Censos, una unidad económica formal tenía en promedio 11 personas ocupadas; una informal, apenas dos.
La remuneración anual promedio fue de 176 mil pesos en las formales, contra 67 mil en las informales.
Los activos fijos por trabajador alcanzaron 593 mil pesos frente a 76 mil, y la producción por persona fue de 1 millón 329 mil pesos en las formales, contra 155 mil en las informales.
No es una pequeña diferencia: la producción por persona fue más de ocho veces mayor en los establecimientos formales censados.
Ahí aparece el verdadero círculo vicioso.
La empresa que no se formaliza normalmente no crece, pero la empresa que sí se formaliza entra a competir contra otra que puede evitar parte de los costos que ella está obligada a pagar.
El empresario legal factura, lleva contabilidad, paga contribuciones, seguridad social y nómina; cumple reglamentos, licencias, disposiciones de protección civil y normas laborales, ambientales y sanitarias.
Su competidor clandestino puede comprar sin factura, contratar sin seguridad social, vender sin comprobar el origen de la mercancía, instalarse sin autorización y desaparecer mañana sin dejar obligaciones pendientes.
Eso no es libre mercado.
Es competencia asimétrica patrocinada por la debilidad del Estado.
El golpe es especialmente delicado porque la estructura empresarial mexicana ya es frágil.
Las microempresas representan el 95.4 % de las unidades económicas del sector privado y empresas paraestatales; emplean al 41.4 % del personal, pero generan únicamente el 16 % del valor agregado censal.
Es precisamente ese pequeño comercio, taller, restaurante, proveedor y prestador de servicios legalmente establecido el que menos espalda financiera tiene para absorber una competencia que juega con reglas distintas.
Chihuahua demuestra, además, que éste no es un debate abstracto.
Los Censos Económicos ubicaron en 2023 al 37.7 % de las unidades económicas del estado como informales, una proporción considerablemente menor que la nacional.
Sin embargo, esas unidades aportaron solamente el 1.8 % del valor agregado censal estatal, frente al 98.2 % generado por las formales.
Y todavía en el primer trimestre de 2026 había 634 mil personas en informalidad laboral en Chihuahua, equivalentes al 34.9 % de la población ocupada.
Por eso, hablar de informalidad únicamente como evasión fiscal es intelectualmente pobre.
Es un problema de productividad, salarios, pensiones, financiamiento, inversión y tamaño empresarial. El negocio que permanece fuera de la economía institucional tiene dificultades para demostrar ingresos, construir historial crediticio, acceder a contratos mayores, convertirse en proveedor de grandes cadenas, invertir en maquinaria o profesionalizar su administración.
Y el sistema financiero tampoco está irrigando suficientemente al tejido productivo: sólo el 10.8 % de las unidades económicas censadas obtuvo crédito o financiamiento en 2023; entre las microempresas, la proporción fue de apenas el 10.1 %.
Pero existe una frontera que la discusión pública suele evitar: informalidad no significa delincuencia, y sería profundamente injusto tratar al vendedor de comida, al mecánico familiar o a quien busca sobrevivir como criminal.
Otra cosa completamente distinta es el comercio ilegal: contrabando, mercancía robada, falsificación, piratería, subvaluación aduanera, facturación simulada, combustible ilícito o negocios utilizados para lavar recursos.
Allí termina la informalidad económica y comienza una estructura capaz de alimentar delitos mayores.
El propio SAT ha documentado cómo algunas operaciones de comercio electrónico y paquetería utilizaron el fraccionamiento y la subvaluación de mercancías para evitar el IVA y los impuestos de importación, prácticas que la autoridad señala que pueden configurar contrabando y defraudación fiscal.
En septiembre de 2025, el SAT, la Marina y la Secretaría de Infraestructura reforzaron el intercambio de información de Carta Porte, precisamente para combatir el contrabando, el robo de mercancías y rastrear el origen y destino de los bienes.
Y en septiembre de 2026, el SAT informó que, desde octubre de 2024, había cancelado la posibilidad de facturar a 2 mil 205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal.
¿Por qué importa?
Porque cuando una ciudad normaliza comprar mercancía sin preguntarse de dónde salió, pagar únicamente en efectivo para evitar rastros, vender productos sin factura o tolerar cadenas comerciales clandestinas, va construyendo zonas económicas opacas.
Y la opacidad es terreno fértil para introducir mercancía robada, mover efectivo ilegal, financiar corrupción o cobrar derecho de piso.
No significa que toda actividad informal conduzca al crimen; significa que la falta de trazabilidad reduce las barreras para que la economía criminal se mezcle con la economía cotidiana.
La fotografía empresarial de la inseguridad es demoledora.
La ENVE del INEGI estimó que durante 2023 ocurrieron 2.9 millones de delitos contra 1.3 millones de establecimientos. La extorsión fue el delito más frecuente, con una tasa de 1,562 por cada 10 mil unidades económicas; le siguieron el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, y el robo hormiga.
Sólo esos tres delitos concentraron el 58.8 % de los ilícitos contra empresas.
Además, el 90.3 % permaneció en cifra negra: no se denunció o no se inició una carpeta de investigación.
Más grave aún: INEGI contabilizó 747 mil extorsiones contra unidades económicas durante 2023; 113 mil fueron extorsiones en la calle, establecimiento o mediante cobro de piso, y en el 67 % de esos casos se entregó lo exigido.
El costo directo de la inseguridad y el delito para las empresas alcanzó 124.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.51 % del PIB. Y esa cifra, advierte el propio INEGI, no incorpora todos los efectos indirectos, como inversiones canceladas, horarios reducidos o decisiones empresariales modificadas por miedo.
Entonces, la discusión política debe cambiar.
No se combate la informalidad persiguiendo al pobre; se combate eliminando los incentivos que hacen más conveniente permanecer en la informalidad y castigando con firmeza a quien utiliza esa condición para enriquecerse ilegalmente.
No es lo mismo una mujer que vende comida para completar el gasto familiar que una bodega abastecida con contrabando; no es lo mismo el autoempleo precario que una estructura que evade millones mediante mercancía ilegal.
Política pública inteligente significa distinguirlos.
México necesita una escalera de formalización, no un precipicio burocrático: permisos sencillos, incorporación fiscal gradual, seguridad social accesible, financiamiento condicionado a formalizarse, acompañamiento contable, digitalización y acceso preferente a compras gubernamentales para quien dé el paso a la legalidad.
Paralelamente, debe aplicarse una regla elemental: misma actividad económica, mismas obligaciones esenciales.
Quien vende en el mismo mercado y al mismo consumidor no debería obtener una ventaja competitiva permanente simplemente porque decidió ignorar la regulación.
El Estado también tiene que entender que formalizar no consiste únicamente en cobrar.
Si el empresario paga impuestos pero enfrenta extorsión; si registra empleados pero debe contratar seguridad privada; si cumple permisos mientras, a metros, opera alguien sin licencia; si importa legalmente mientras otro introduce mercancía subvaluada, la formalidad empieza a sentirse como un castigo por obedecer la ley.
Y ningún país serio puede mantener durante décadas un sistema donde cumplir sea más caro que incumplir.
En agosto de 2026 había 22.8 millones de puestos registrados ante el IMSS y poco más de un millón de registros patronales.
Ese capital empresarial formal no debería ser visto exclusivamente como fuente de recaudación: es infraestructura económica.
Son quienes generan nómina trazable, seguridad social, inversión, impuestos, proveedores y capacidad para escalar.
Protegerlos no significa otorgar privilegios; significa defender el terreno sobre el cual puede crecer una economía productiva.
La paradoja mexicana puede resumirse así: la informalidad es una válvula de escape social, pero cuando se convierte en modelo económico termina perpetuando precisamente la pobreza que pretendía aliviar.
Para la familia puede ser la aspirina que resuelve el gasto de hoy; para la empresa que cumple, puede convertirse lentamente en una eutanasia competitiva. Y para el Estado, tolerar que la economía opaca se mezcle con el contrabando, el robo, la extorsión y la evasión termina erosionando algo mucho más valioso que la recaudación: el principio de que, en una economía de mercado, todos deberían competir bajo la misma ley.
Y cuando cumplir la ley deja de ser una ventaja y empieza a convertirse en una desventaja, el problema ya no es del empresario ni del informal; es del Estado que diseñó o toleró un mercado donde la ilegalidad puede resultar más rentable que la formalidad.
