LA PRESIDENTA CSP Y LA JEFA DEL PARTIDO: UNA FRONTERA BORRADA DESDE EL PODER…
EL ARTE DE LA NEGOCIACIÓN: DIPLOMACIA Y DEMOCRACIA
Por Carlos O. Silva Bandala
Muchas son las causas con las que se ha pretendido explicar esta animosidad, pero no sería aventurado afirmar que entre ellas se encuentra la nueva clase media: informada, independiente y crítica, para la cual la política es más que un modus operandi; es rigor y precisión de método.
Ahora, por razones de supervivencia política, resulta importante reencontrarse con las sombras del viejo PRI-PAN, que, a contrario sensu de la opinión del oficialismo de la 4T, representó durante más de siete décadas un ambiente de mayor equilibrio, con luces y sombras, en la paz pública de la nación.
Vicente Fox y Alejandro “Alito” Moreno, por su actividad política, ofrecen más blanco a la censura del oficialismo, que intenta desviar el juicio crítico al que la sociedad ha sometido a la 4T. Con juicios de escaso sentido político se intenta colocar una cortina de humo sobre la realidad profunda del momento que vivimos los mexicanos: un escenario polarizado que agrava la crisis democrática, fruto de la falta de inteligencia política.
De manera concurrente, en los tiempos de la 4T, se encuentra la tensa relación bilateral México-Estados Unidos, situación en la que resulta inocultable, a juicio del autor, la falta de experiencia y de inteligencia diplomática, llevada por la vanidad de actuar intransigentemente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Olvida que, en estricto cumplimiento del deber juramentado, debiera procurar una época de Constitución sana, ajustada a un orden constitucional estable; quizá con menos brillo, pero con mayor eficacia y menos riesgos.
Los críticos señalamientos que hace la presidenta no se alinean con el mandato constitucional, pues son, según esta interpretación, puramente partidistas. Por la propia acción de los hechos del pasado, en esta lucha superior a sus designios, no gana grandeza todo aquello que no puede entenderse con serenidad y sosiego.
En tanto, la visión institucional clásica exige una separación tajante entre la jefatura del Estado y las dinámicas partidistas. La praxis política actual de la 4T favorece, según el autor, una Presidencia de la República polarizadora y abiertamente combatiente en el terreno discursivo, tanto en el plano nacional como en el bilateral.
Las descalificaciones hacia la alianza opositora que promueven “Alito” Moreno y Fox pueden leerse como una injerencia discursiva desde la cúspide del poder del Estado.
Es innegable la necesidad de inteligencia diplomática y de pragmatismo en las negociaciones estratégicas y en la cooperación institucional que requieren soluciones conjuntas, más que respuestas evasivas bajo el argumento de la injerencia.
En el ejercicio de la diplomacia internacional, habrá que revisar si la solicitud que hace la presidenta para que el Gobierno de Estados Unidos rinda cuentas sobre los asuntos relacionados con el narcotráfico y sus consecuencias en materia de salud pública constituye también una forma de injerencia.
Desde ese punto de vista, la presidenta abandona el rol de supremo protector de la unidad nacional, como tampoco debería desconocer una diplomacia lúcida, prudente y pacífica.
¿Qué y a quiénes defiende o protege?
EL ENCUENTRO FOX-ALITO
El encuentro político entre el expresidente Fox y “Alito” Moreno, en la propia sede del Partido Revolucionario Institucional, marca el posible banderazo de salida para la reorganización de la oposición rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Sin duda, representa una escena de profundo pragmatismo y de la ironía que envuelve a la política.
Fox fue el protagonista que, en el año 2000, logró la alternancia histórica, tras siete décadas del PRI en el poder presidencial. Ver a Fox ingresar a la oficina del PRI para “sumar voluntades” evidencia que la rivalidad ideológica del pasado necesita ser sustituida por una estrategia de supervivencia mutua.
El expresidente Fox actuó respaldado por su plataforma civil “Alma de México”, como un articulador extremo, en busca de una alianza bajo la narrativa de un frente ciudadano o contrapeso institucional.
El PRI y el PAN necesitan de ambas estructuras para evitar su irrelevancia absoluta en la política en tiempos de la 4T.
“Alito” Moreno ha propuesto un amplio bloque opositor que les permita evitar que Morena sume votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso durante el próximo trienio 2027-2030.
Sin embargo, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, ha intentado marcar distancia para competir de forma independiente. Algunos sectores doctrinales estatales, por su parte, claman por hacer efectiva esa alianza, mientras que otros panistas, de perfil más doctrinal, ven con recelo que figuras históricas legitimen a una dirigencia priista.
Desde el Gobierno de la 4T, la presidenta califica a Vicente Fox de traidor a la democracia y argumenta que la oposición no ofrece un proyecto de nación hacia el futuro, sino el regreso al pasado de privilegios y corrupción, aludiendo al pasado del país.
Por el contrario, la oposición considera que el país avanza hacia un rumbo autoritario, en demérito de las libertades fundamentales.
EL CONTRAPESO ELECTORAL
El bloque opositor podría impedir que los sufragios contrarios al oficialismo se diluyan, aumentando la posibilidad de generar contrapesos. Desde esta perspectiva, sería una vía matemática para intentar disputar la mayoría en el Congreso.
Haciendo un paréntesis, cabe señalar que el nuevo partido Somos no puede aliarse legalmente con el PRI y el PAN, pues está impedido para hacerlo.
Aunque numéricamente ésta sería una de las formas en que los partidos tradicionales podrían aspirar a frenar a Morena, el éxito dependería de su capacidad real para abrir las candidaturas a la sociedad civil y formular una propuesta de país que vaya más allá del simple rechazo discursivo al Gobierno de la 4T.
Si el PRI, PAN, MC y las nuevas organizaciones compiten de forma individual en los 300 distritos federales electorales, el voto contrario al oficialismo podría pulverizarse, favoreciendo a Morena en determinados distritos. Por ende, la unión no sería un asunto de afinidad ideológica, sino un mecanismo de contrapeso constitucional.
EL CONTRAPESO NATURAL
El oficialismo de la 4T mantiene un voto duro respaldado en sectores de bajos ingresos y en los programas de Bienestar, un terreno complejo para la oposición.
Ahora bien, la apatía de la clase media y el abstencionismo que muestra recurrentemente en las elecciones intermedias pueden incrementarse si este sector no se siente verdadera y suficientemente representado.
Esto obliga a plantear un bloque capaz de convencer a ese sector social de que vale la pena acudir a las urnas para defender el equilibrio de poderes y dejar atrás las sombras del pasado.
Para que la idea de una alianza opositora adquiera legitimidad frente a la sociedad civil y pueda disputar la narrativa oficialista, tendría que estar dispuesta a ceder espacios electorales. Ésta sería una vía para despertar el entusiasmo ciudadano y abrir la posibilidad de postular a profesionistas, intelectuales, líderes de opinión, académicos y expertos en Derecho Constitucional.
Ciudadanos con autoridad moral y prestigio; empresarios y emprendedores que comprendan la economía real.
Una vía moderna frente a las sombras del pasado.
La lógica pragmática señala que ésta podría ser una ventana de oportunidad para reconstruir un sistema de contrapesos inteligente e informado.
No hay otra alternativa, pues la supervivencia de ese posible bloque dependería de la voluntad política para ciudadanizar las candidaturas y asumir una nueva etapa de modernización política.
Si “Alito” Moreno y la cúpula del PAN, llegado el caso, utilizaran la alianza únicamente para asegurar sus propios escaños plurinominales, podrían dificultar la posibilidad de conectar con la clase media, considerada por el autor un sector indispensable para disputar el poder a Morena.
DOS PAÍSES EN UN MISMO TERRITORIO
La desconexión se hace evidente porque la clase media y los sectores de bajos ingresos parecen hablar idiomas completamente distintos cuando se refieren a la política.
Para el profesionista o el comerciante, las alertas sobre el debilitamiento de las instituciones y la división de poderes, los escándalos de corrupción, el narcotráfico, la seguridad jurídica y la inseguridad que persiste en su entorno constituyen señales críticas.
Sin embargo, sienten frustración cuando no ven ni comprenden cómo el resto del país parece ignorar esos riesgos.
Para los sectores de bajos ingresos, la discusión abstracta sobre la “mayoría calificada”, los contrapesos constitucionales, el desprestigio internacional de algunos actores políticos o los señalamientos de corrupción no necesariamente se traducen en comida sobre la mesa ni en mayores recursos para cubrir las necesidades cotidianas.
Cuando el Gobierno entrega un apoyo económico directo, no necesariamente se percibe como un “soborno electoral”, sino como un beneficio tangible que el Gobierno de la 4T proporciona.
¿Seguridad pública? ¿Medicinas? ¿Hospitales equipados y con buena atención médica? ¿Trabajo? Son algunas de las necesidades que, de acuerdo con el planteamiento del autor, siguen siendo determinantes para amplios sectores de la población.
Por ello, ante la urgencia de resolver la pobreza cotidiana —una tarea, por cierto, prácticamente imposible de resolver de manera inmediata—, el prestigio institucional de la 4T puede pasar a segundo término frente a las necesidades económicas concretas.
LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LA OPOSICIÓN
Es un error histórico que la oposición insista únicamente en que el Gobierno de la 4T es un mal administrador de los recursos públicos o que existe corrupción.
Para efectos electorales, lo fundamental para la oposición política sería comunicar con claridad y persistencia que los programas sociales son un derecho constitucional y que se otorgan fundamentalmente a los sectores que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.
No se trata de dinero propio del Gobierno de la 4T ni de la presidenta.
Para despejar cualquier confusión, habría que recordar que los recursos destinados a los programas de Bienestar forman parte del gasto público y, por tanto, no son patrimonio de la presidenta ni de Morena.
Son recursos públicos que, independientemente de quién gobierne, deben sujetarse al marco constitucional y legal.
LA CLASE MEDIA Y LA DISPUTA POLÍTICA
Ahora bien, entre los sectores de menores ingresos, la oposición enfrenta el desafío de construir una propuesta capaz de generar afinidad política e ideológica.
El centro de atención, según el autor, debe ser la clase media: el público que la oposición política debería movilizar con urgencia.
La consigna “El INE no se toca” ha perdido vigencia, debido —desde esta perspectiva— a su asimilación institucional y a la percepción de pérdida de autonomía.
Sin perder de vista que esta clase social es altamente sensible a la simulación, pretender convencer a este electorado de que el país enfrenta una “emergencia democrática” y que Morena busca el poder absoluto, sin acompañar ese argumento de propuestas concretas, podría debilitar el mensaje opositor.
En conclusión, la alianza tendría que ser total, inequívoca y simétrica. De lo contrario, la clase media podría interpretar la falta de cohesión como una expresión de intereses exclusivamente cupulares, lo que podría favorecer el abstencionismo.
LA HISTORIA COMO REFERENTE
No puede haber tanta desmemoria, particularmente entre las clases sociales más informadas.
Durante más de siete décadas, el devenir político de México estuvo marcado por la rivalidad entre el PAN y el PRI: una competencia indudablemente intensa, pero conducida bajo la premisa fundamental de que el otro era un adversario y no un enemigo a destruir.
Esta distensión, lejos de ser un mero formalismo, constituyó un elemento del entendimiento institucional que acompañó al país durante largos periodos de estabilidad y paz social.
La historia no miente.
Al concluir este recorrido, la historia nos recuerda que la gobernabilidad pacífica no nace de la homogeneidad discursiva ni de las descalificaciones a los disidentes, sino de la capacidad del Estado para albergar la pluralidad.
Recuperar el respeto por las reglas del juego democrático y por una diplomacia sesuda, inteligente e históricaconstituye, desde esta perspectiva, uno de los valores de la coexistencia pacífica y uno de los grandes desafíos históricos para el presente y el futuro de la República.
