Por Guadalupe Parada Gasson
El huachicol fiscal dejó de ser una expresión reservada a expedientes judiciales o decomisos de combustible para convertirse en uno de los problemas económicos más delicados del país.
Su lógica es distinta a la imagen tradicional del ladrón que perfora un ducto. Aquí hablamos de combustibles que pueden ingresar al país mediante declaraciones falsas, documentación irregular, simulaciones comerciales, empresas fachada y operaciones financieras destinadas a evadir impuestos.
La propia Fiscalía General de la República ha descrito estructuras en las que convergen importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas empresariales utilizados para introducir y comercializar combustible de manera ilegal.
El dato más inquietante es que el problema no parece marginal.
El SAT informó el 2 de septiembre de 2026 que, entre octubre de 2024 y agosto de este año, retiró la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras vinculadas con la venta ilegal de combustible.
No estamos, por tanto, frente a unas cuantas pipas clandestinas; estamos ante una economía paralela que necesita facturación, transporte, almacenamiento, compradores, cuentas bancarias y cadenas de suministro para poder funcionar.
Los acontecimientos recientes muestran, además, la dimensión que pueden alcanzar estas investigaciones.
En Guanajuato se anunció en septiembre el aseguramiento de hasta 59 millones de litros de combustible dentro de una investigación federal. Sin embargo, el volumen, la propiedad y la situación jurídica del producto han sido objeto de controversia y revisión, por lo que sería irresponsable presentar como culpables a empresas o particulares mientras las autoridades no concluyan las investigaciones.
Precisamente ahí aparece uno de los mayores desafíos: perseguir redes ilícitas sin convertir un aseguramiento o una sospecha en una sentencia anticipada.
Para Ciudad Juárez, el asunto adquiere otra dimensión.
Aquí, una aduana no es solamente una oficina recaudadora; es parte de la infraestructura económica de la ciudad.
En enero de 2026, la Aduana de Ciudad Juárez registró un valor de operaciones por 475 mil 507 millones de pesos, de acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México, con un crecimiento real de 11.5 % respecto al mismo mes de 2025.
Una frontera que mueve semejante volumen necesita controles extremadamente rigurosos, pero también inteligentes.
Convertir la lucha contra el contrabando en revisiones indiscriminadas, retrasos y sobrerregulación también tendría un costo económico para las empresas que cumplen con la ley.
Ese es el verdadero riesgo para Juárez: quedar atrapada entre dos costos. El costo de no controlar y el costo de controlar mal.
Si el huachicol fiscal penetra en cadenas formales, perjudica al empresario que paga impuestos porque enfrenta competidores capaces de vender artificialmente barato. Distorsiona precios, erosiona la recaudación y puede introducir dinero ilícito en actividades aparentemente normales.
Pero si la reacción gubernamental consiste únicamente en endurecer físicamente las aduanas, detener mercancías y multiplicar trámites sin inteligencia financiera ni análisis de riesgo, entonces el castigo termina alcanzando también a la industria maquiladora, transportistas, agentes aduanales e importadores legales.
Y existe una tercera amenaza: la reputacional.
Juárez compite internacionalmente para recibir inversión, ampliar su manufactura avanzada y mantener cadenas de suministro estrechamente integradas con Estados Unidos. En ese entorno, una empresa no necesita participar deliberadamente en un delito para sufrir consecuencias.
Puede comprar combustible a un proveedor incorrecto, contratar a un transportista cuestionado, recibir documentación inconsistente o formar parte de una cadena posteriormente investigada.
Para los corporativos internacionales, los bancos y las autoridades estadounidenses, el problema deja entonces de ser únicamente fiscal y pasa a convertirse en un asunto de cumplimiento normativo, lavado de dinero, seguridad de las cadenas de suministro y riesgo reputacional.
Por eso, el blindaje empresarial tiene que cambiar.
Ya no basta con preguntar cuánto cuesta el litro o conservar una factura.
Las empresas que compran, transportan, almacenan o comercializan combustibles necesitan conocer quién está detrás de sus proveedores, verificar beneficiarios reales, permisos, padrón de importadores, CFDI, origen del producto, transportistas, instalaciones de almacenamiento y la congruencia entre los volúmenes comprados, facturados y entregados.
Para hidrocarburos y combustibles, las reglas de comercio exterior de 2026 exigen condiciones específicas, entre ellas los permisos correspondientes y controles que permitan identificar peso, volumen, cantidad y calidad. Además, ciertos operadores están sujetos a controles volumétricos.
Comprar combustible sospechosamente barato debería convertirse, por sí mismo, en una señal de alerta corporativa.
La diferencia de precio puede convertirse después en una contingencia fiscal, administrativa, penal o reputacional mucho más costosa que cualquier ahorro.
La legislación federal exige, además, acreditar mediante documentación la propiedad o legítima posesión de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, mientras que el Código Fiscal tipifica distintas conductas relacionadas con el contrabando.
Las consecuencias ya no deben entenderse como una simple multa de negocios.
También hay una pregunta política inevitable: ¿cómo pudieron crecer redes de esta magnitud?
Una operación sofisticada necesita atravesar controles fiscales, energéticos, aduaneros, financieros y logísticos.
La respuesta no debe buscarse mediante acusaciones partidistas automáticas, sino siguiendo documentos, pedimentos, permisos, facturas, cuentas bancarias y responsabilidades individuales.
Si existen funcionarios involucrados, deben investigarse; si existen empresarios involucrados, también. Y si existen empresas indebidamente señaladas, corresponde igualmente esclarecerlo.
El combate al huachicol fiscal perdería credibilidad si se transforma en propaganda selectiva o en un instrumento para golpear adversarios mientras otros expedientes permanecen intactos.
Ciudad Juárez debería observar este fenómeno con especial atención porque su principal activo económico no son únicamente sus fábricas: es la confianza fronteriza.
Confianza en que una mercancía declarada corresponde a lo que realmente cruza; confianza en el agente aduanal; confianza en el transportista; confianza en el proveedor; confianza en que las autoridades facilitan el cumplimiento y persiguen al delincuente.
Cuando esa confianza desaparece, el costo termina incorporándose al precio de cada operación mediante más inspecciones, seguros, auditorías, tiempos de espera y controles internos.
Por eso, el huachicol fiscal representa mucho más que impuestos dejados de cobrar.
Es una prueba sobre la calidad institucional del país y, para Ciudad Juárez, una advertencia económica.
En una frontera que mueve cientos de miles de millones de pesos en mercancías, tolerar la simulación puede resultar costosísimo; combatirla torpemente, también.
El desafío consiste en construir trazabilidad, inteligencia aduanera, coordinación binacional y responsabilidad empresarial capaces de distinguir el comercio legítimo de las redes criminales.
El próximo gran escándalo de huachicol fiscal no debería encontrar a las empresas juarenses preguntándose quién era realmente su proveedor.
A estas alturas, desconocerlo ya constituye un riesgo empresarial.
