Por Mario Álvarez Porras
Hay sesiones de Cabildo que transcurren entre asuntos administrativos y hay otras que terminan revelando algo más profundo: la manera en que un gobierno enfrenta las preguntas cuando éstas dejan de venir solamente de sus adversarios. La última sesión de Cabildo de Camargo pertenece a esa segunda categoría.
La mayoría de los regidores del PAN respaldó, junto con Morena y el PRI, la comparecencia de la Oficial Mayor y del director de Obras Públicas. Fueron 12 votos a favor; las dos regidoras de Movimiento Ciudadano se abstuvieron y el presidente municipal, junto con dos regidores panistas, no estuvo presente. La solicitud está relacionada con señalamientos sobre el Polideportivo, el servicio médico y el Parque Infantil. También se informó de 26 actas circunstanciadas dentro de distintos procedimientos administrativos.
Conviene hacer una distinción que en la política suele perderse con demasiada facilidad: una comparecencia no es una condena y un acta circunstanciada no demuestra, por sí misma, una responsabilidad. Nadie debería ser declarado culpable desde una sesión de Cabildo. Pero tampoco debería utilizarse esa precisión como pretexto para evitar las preguntas que corresponden.
Si existen hechos documentados que ameritan una investigación, corresponde investigar. Si no existe responsabilidad, corresponde demostrarlo. Y si una investigación encuentra alguna conducta irregular, corresponde actuar conforme a la ley. Ésa debería ser la regla para todos, independientemente del partido al que pertenezcan.
El Polideportivo y el Parque Infantil no son asuntos menores. Son proyectos de inversión pública que forman parte de las prioridades de la administración municipal. El Programa Anual de Obras 2026 contempla recursos para ambos. En el caso del Parque Infantil, además, el propio gobierno municipal ha informado sobre modificaciones al proyecto mientras avanzan los trabajos.
Modificar un proyecto no significa que exista una irregularidad. Pero cuando se modifican obras financiadas con recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones, el impacto presupuestal y quién autorizó esos cambios. No se trata de obstaculizar una obra ni de convertir cada ajuste técnico en un escándalo. Se trata de saber cuánto se aprobó, cuánto se está gastando, qué cambió y por qué.
Eso es rendición de cuentas.
El servicio médico plantea una situación distinta, pero igualmente delicada porque involucra directamente a trabajadores municipales y sus familias. El gobierno ha sostenido que el cambio en el esquema de atención respondió a recomendaciones de organismos públicos. Sin embargo, el 11 de agosto el alcalde Jorge Aldana afirmó públicamente que el asunto se había politizado. Apenas ocho días después, el tema aparecía entre los asuntos relacionados con la comparecencia.
No hace falta decidir desde ahora quién tiene la razón. Hace falta conocer los documentos que permitan determinarla.
Cuando un gobierno sostiene que una decisión responde a recomendaciones institucionales, debería poder mostrar esas recomendaciones. Cuando existen cuestionamientos sobre el costo o las condiciones de un servicio público, deberían poder conocerse los contratos, convenios, beneficiarios y criterios que llevaron a tomar la decisión.
La discusión pública no debería depender de quién tiene la acusación más fuerte. Debería depender de quién tiene los documentos.
Y ahí aparece el PAN.
No sería serio afirmar que esta votación representa una ruptura con el presidente municipal. Tampoco sería correcto decir que es la primera ocasión en que un regidor panista cuestiona una decisión dentro del Cabildo. Los antecedentes recientes muestran que la relación política no ha estado exenta de tensiones.
Pero hay un hecho concreto que merece atención: la mayoría de los regidores panistas presentes respaldó que funcionarios de la propia administración comparezcan ante el Cabildo.
Ese voto genera una responsabilidad política.
Si los regidores consideraron necesario pedir explicaciones, tendrán que escuchar las respuestas con la misma seriedad con la que solicitaron la comparecencia. No tendría sentido convertir una comparecencia en una fotografía política para después archivar el asunto sin revisar las respuestas.
El PAN, como partido del gobierno municipal, tiene una posición particularmente delicada. Puede defender a sus funcionarios cuando considere que están siendo injustamente señalados, pero también debe estar dispuesto a exigirles explicaciones cuando existan dudas razonables. Eso no es deslealtad. Es responsabilidad.
Y la misma exigencia debe aplicarse al resto de las fuerzas políticas. Morena, PRI y Movimiento Ciudadano tampoco deberían convertir un asunto administrativo en una batalla partidista. Si existen elementos, deben presentarse. Si no existen, también debe decirse.
El Cabildo no está para sustituir a las autoridades investigadoras. Está para ejercer sus atribuciones, vigilar el funcionamiento de la administración y representar a los ciudadanos.
Por eso las 26 actas circunstanciadas merecen algo más que convertirse en una cifra llamativa. Lo importante será conocer qué hechos documentan, qué funcionarios están involucrados, en qué etapa se encuentran los procedimientos y cuáles serán las conclusiones de las autoridades competentes.
La cifra, por sí sola, no condena a nadie. Pero tampoco debería ignorarse.
Ahora corresponde al gobierno municipal explicar. Corresponde a los funcionarios comparecer. Corresponde a los regidores preguntar. Y corresponde a las autoridades competentes investigar.
Después vendrá la parte verdaderamente importante: determinar qué debe hacerse con las respuestas.
Porque ahí es donde una sesión de Cabildo deja de ser un acto político y se convierte en una prueba de gobierno.
Si todo está en orden, que se demuestre. Si hubo errores administrativos, que se corrijan. Si existen responsabilidades, que se determinen. Y si los señalamientos no tienen sustento, que también quede claro.
Lo que no debería ocurrir es que la discusión termine el día de la comparecencia. Pedir explicaciones y después no revisar las respuestas sería apenas una forma distinta de guardar silencio.
El gobierno municipal tiene ahora una oportunidad para demostrar que puede responder con documentos y no solamente con discursos. El PAN tiene otra para demostrar que su voto no fue una excepción conveniente, sino el ejercicio responsable de su función. Y el Cabildo tiene una obligación todavía mayor: demostrar que puede fiscalizar sin prejuzgar y gobernar sin convertirse en una extensión del gobierno.
Al final, ésa es la verdadera prueba. No saber quién ganó una votación, sino saber qué hizo cada quien después de ganarla.
Porque un gobierno democrático no debería temer a las preguntas. Un regidor responsable tampoco debería temer a formularlas. Y una ciudadanía que paga impuestos, financia obras y sostiene servicios públicos tiene derecho a algo mucho más sencillo que un discurso político: saber dónde está su dinero, por qué se toman las decisiones y quién responde cuando algo no sale como estaba previsto.
El Cabildo acaba de abrir esa puerta.
Ahora tendrá que demostrar que no la abrió solamente para mirar.
Tendrá que decidir qué hacer con lo que encuentre.
Fuentes consultadas
- Código Tres, cobertura sobre la comparecencia de funcionarios municipales y las actas circunstanciadas relacionadas con los procedimientos señalados. Código Tres
- Impacto Noticias, cobertura sobre el servicio médico municipal, el Polideportivo, el Parque Infantil y la actividad del Cabildo de Camargo. Impacto Noticias
- Municipio de Camargo, Programa Anual de Obras Públicas 2026. Programa Anual de Obras Públicas 2026
- Horizonte Noticias, publicaciones sobre la administración municipal y el Cabildo de Camargo.
- Subsuelo Noticias, cobertura de asuntos relacionados con la administración municipal y la actividad política local.
- Actas y documentos públicos del Cabildo de Camargo, para el contraste de acuerdos y votaciones.
Las fuentes periodísticas se utilizaron para contexto y contraste. Las referencias a posibles responsabilidades no constituyen afirmaciones de culpabilidad y quedan sujetas a la investigación y determinación de las autoridades competentes.
